La Agrupación de Abogados por Libertad y Democracia interpuso un recurso de protección contra la Convención Constitucional (CC) ante la Corte Suprema por la votación de la 18ª y 20ª sesión del pleno, en la que se inició la discusión del reglamento interno del organismo y los mecanismos por los que se aprobará.

A través de la misiva, el plantel de abogados solicitó que se declare la nulidad de las votaciones y acuerdos adoptados en ambas jornadas y ordenando una nueva votación bajo la regla del quórum de dos tercios que estaba previamente establecido.

"Las referidas normas reglamentarias fueron aprobadas en general, con el quórum de mayoría simple, transgrediendo el mandato constitucional que le fuere encomendado a la Convención Constitucional, al no haber aplicado el quórum de los dos tercios", insistieron.

De igual forma, añadieron que hubo cinco reglamentos que se votaron bajo la regla del quórum de mayoría simple, enumerando al reglamento general; el de ética y convivencia; el de participación y consulta indígena; el de mecanismos, orgánica y metodologías de participación y educación popular; y de bases, principios y normas de derechos humanos, individuales, colectivos, ambientales y de la naturaleza.

Y es que sostuvieron que 35 procesos fueron sometidos a votación mediante quórum de mayoría simple y no por quórum de dos tercios "vulnerando con dicha acción la norma del artículo 133 de la Constitución Política de la República", la cual manifiesta que el organismo deberá "aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios en sus miembros en ejercicio" y que "no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos".

A su vez, solicitaron que la Corte Suprema dicte orden de no innovar "en razón de los graves perjuicios que puede ocasionar al proceso de la redacción de una propuesta de una nueva Constitución, producto de las garantías y derechos vulnerados por los convencionales".

En ese sentido, afirmaron que los miembros del organismo han desobedecido su mandato y se han atribuido "el ejercicio de la soberanía excediendo con creces el marco jurídico y político que le dio origen y legitimidad".

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