El gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), solicitó un pronunciamiento a la Contraloría en relación al sueldo del constituyente Rodrigo Rojas Vade.
El representante renunció a su cargo luego que se revelara que no tenía cáncer, tal como lo había afirmado durante su campaña de postulación al cargo.
No obstante lo anterior, debido a que no existe mecanismo para materializar su salida, ésta no quedó ejecutada formalmente, por lo que sigue recibiendo su remuneración.
La Segpres, a través del subsecretario Máximo Pavez, envió un oficio al organismo solicitando un pronunciamiento jurídico respecto a la remuneración del renunciado convencional.
En el documento, se indica que el Ministerio se encuentra un "aparente vacío normativo" respecto al pago "por cuanto don Rojas Vade, formalmente continúa ostentando el cargo (...) sin perjuicio de no ejercer las funciones".
Del mismo modo, se adjuntó un informe jurídico elaborado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Segpres que entrega antecedentes que fundaban la consulta realizada a la entidad.
Dicho documento señala que "la calidad de Convencional Constituyente (...) conlleva el ineludible ejercicio de una función pública, determinada y asignada por la propia Carta Fundamental".
Del mismo modo, advierte que "el pago de la anotada retribución realizado a quien manifestó la voluntad de no ejercer la función que por mandato constitucional se le ha encomendad, y que actualmente no ha realizado ninguna actividad en orden a cumplir dicha función, podría significar un desembolso injustificado para el Estado".
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