Los cálculos detrás de la cautela de Jackson ante la Convención y cuándo podría pasar a la ofensiva

Por qué importa: El silencio que ha guardado el futuro ministro de la Segpres Giorgio Jackson ante los emplazamientos para que intervenga ante sus constituyentes para frenar la eliminación del Senado amenaza con dificultar sus posibilidades de conseguir en la Cámara Alta los votos para las reformas de Boric. Para ello requiere al PS y PPD (quienes entraron a la administración de Boric) y también a la DC, que aunque esté afuera junto con un sector de RN puede brindar los votos clave en un Senado empatado. La molestia con Jackson en el mundo PS-PPD -donde hay preocupación por esa norma y las aprobadas por la comisión de Modelo de Desarrollo- ha trizado las relaciones entre Jackson y sus futuros aliados.

Reclaman que no ha fijado postura ni en público ni en privado. Uno de los emplazamientos más duros -afirman distintas fuentes PS- se lo realizó el senador Alfonso de Urresti, en una conversación en las últimas semanas.
De Urresti le habría hecho ver que ahora debía estar consciente de que ahora sería ministro y no diputado, y que por lo mismo no podía no fijar una postura, afirman quienes conocieron del diálogo.

Los mensajes de Jackson: En las conversaciones internas del futuro gobierno, Jackson sí ha dado la respuesta: ha dicho que no intervendrá “por ahora”, transmiten quienes se han reunido con él. Aunque él y Boric son partidarios del unicameralismo, en su respuesta -agregan las mismas fuentes- se desliza que podría intervenir más adelante si la realidad política lo obligara, de complicarse las reformas de Boric y verse afectada la gobernabilidad que pueda brindar.

Por ahora ha dicho a senadores que quedan etapas del proceso, y que los convencionales son “celosos de su autonomía”. Intervenir le podría significar costos ante la izquierda.

Pero cercanos a Jackson transmiten que es un político pragmático, y que ponderará los efectos si visualiza que hay normas de la Convención que puedan complejizar el avance del programa -como han advertido sobre la nacionalización de recursos mineros-, o dinamitar la alianza de gobierno.

De todos modos, cualquier intervención no sería pública, sino en reserva y a través de convencionales del FA. Una vía, en el caso del Senado, podría ser aumentar las atribuciones de la Cámara Territorial por la cual se reemplazaría. Sin embargo, la incomodidad apunta a que se está borrando del mapa una de las atribuciones más importantes del senado. Esta es la prerrogativa de ser la cámara revisora.
Cuando visitó a la nueva mesa de la Convención el 28/02, defendió el derecho del futuro gobierno a opinar sobre el devenir del proceso. “Nosotros respetamos la independencia de la Convención, sin perjuicio de que las autoridades de gobierno puedan tener una opinión de los temas”, aseveró.

Las alarmas en el núcleo de Boric: En febrero el futuro gobierno ya develó que existe preocupación por el efecto económico de iniciativas como la nacionalización masiva de recursos mineros (que su programa no contempla), pues podría afectar la inversión y por ende perjudicar los ingresos de la reforma tributaria, clave para financiar las medidas redistributivas del programa.

Autoridades del futuro gobierno han transmitido a constituyentes del FA que revisen las normas que puedan afectar la opción del Apruebo en el Plebiscito de Salida, o ser perjudiciales para la economía y el éxito de su gobierno.

“Hay que bajarle el tono a la discusión, porque aquí nadie está haciendo una revolución ni va a haber una toma de la Bastilla”, dijo entonces la futura ministra de Minería, Marcela Hernando.

En una gira a Uruguay y sin aludir a normas específicas, Jackson habló de situaciones “no deseables y reprochables” en la Convención, y “cosas que me parecen loquísimas”.

Lo que hay detrás: El riesgo para Boric si siguen avanzando algunas normas que han resultado polémicas es tener una coalición de gobierno dividida: entre dirigentes de la ex-Concertación ya es materia de inquietud el cómo plantearse ante el plebiscito de salida si en el texto persisten medidas que puedan tener severos efectos político económicos (algunos DC, PS y PPD han exteriorizado dudas sobre apoyar el Apruebo o que esta opción se imponga). Desde la directiva del PS, de todas formas, afirman que como partido de izquierda no tienen margen para no ir por el Apruebo, por lo que intentarán que sus convencionales corrijan iniciativas durante el debate. Desde la centroderecha, rechazan de plano que esto se esté haciendo o se vaya a concretar.

Un fantasma que ronda en ese sector es que parte del mundo socialdemócrata no tenga mayor entusiasmo en hacer campaña por el Apruebo.

Además de las críticas a la eliminación del Senado, cuestionan que el Sistema de Justicia Indígena coexista en igualdad de condiciones con el Poder Judicial, que el Estado Regional posibilite incluso comunas autónomas, y que haya normas del modelo de desarrollo que podrían limitar actividades no solo a grandes empresas, sino también a medianas y pequeñas. Las críticas públicas han sido varias.

Fidel Espinoza, senador electo PS: “La gente nos está diciendo en las poblaciones que no va a votar por el Apruebo”

Felipe Harboe, constituyente, ex-PPD: “Está quedando un mamarracho jurídico, y eso es un problema”, dijo. Sus dichos fueron apoyados por el senador electo DC Matías Walker.

Ximena Rincón (DC), presidenta del Senado: “Si el texto camina en la línea que se ha estado dibujando, yo no voy a estar por aprobarlo”. En línea similar se expresó el vicepresidente de la corporación, Jorge Pizarro (DC).