Panorama general. Este jueves, el pleno de la Convención apoyó casi en su totalidad un artículo relativo a la libertad de expresión, aunque no alcanzó los 2/3 la norma que establecía que el Estado debe tomar medidas para eliminar el discurso xenófobo, y la apología de odio racial, religioso, sexual o de género.

  • Los dos incisos que sí alcanzaron este jueves el apoyo del pleno establecen. 1) “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio”. 2) “No existirá censura previa sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley”.
  • Los expertos valoraron lo aprobado. Javier Leturia, miembro del directorio del Consejo para la Transparencia, señala a Ex-Ante que el texto le parece “tranquilizador, razonable y concorde con los más altos estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
  • Pedro Anguita, doctor en derecho y experto en derecho a la información de la Corporación Santo Tomás, menciona que lo aprobado sigue muy de cerca a lo establecido en el Pacto de San José de Costa Rica.

 

El discurso de odio. El acápite que establecía que el Estado debía tomar medidas para eliminar el discurso xenófobo y la apología de odio racial, religioso, sexual o de género fue apoyado inicialmente por el Frente Amplio en la comisión de Derechos Fundamentales. Sin embargo, en el pleno de este jueves fue rechazada y devuelta a la comisión con el voto en contra de Beatriz Sánchez y la abstención de algunos convencionales influyentes del bloque, como Fernando Atria, Jaime Bassa y Constanza Schonhäut, entre otros.

  • Schonhäut dijo que “en las normas que tienes de bueno y de malo hay libertad de acción para que cada uno pondere”. Con respecto a su abstención, mencionó que “el Estado elimine discursos es complejo de constitucionalizar. Hay otras formas de resguardar el objetivo de la norma y lo estamos haciendo con distintas normas feministas”.
  • Otros integrantes del FA mencionaron que no hubo tiempo para ponerse de acuerdo como colectivo.
  • También votó en contra el Colectivo Socialista, Independientes por una nueva Constitución y el Colectivo del Apruebo. El PC y los colectivos de movimientos sociales e independientes, en cambio, lo apoyaron.

 

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  • ¿Por qué se rechazó la norma?
  • Patricia Politzer: “Por allí se puede colar la censura pero, sobre todo, estimo más eficaz el debate público y la educación. Si todos los jóvenes chilenos salieran de cuarto medio habiendo estudiado los informes Rettig y Valech, no se dudaría de los horrores de la dictadura”.
  • Patricio Fernández: Asegura que su voto en contra no fue por considerar que el artículo se refería al negacionismo ni porque podía significar un acto de censura, sino porque a pesar de que se trataba de “una ventana bien intencionada, su contenido figura como limitación a la libertad de expresión en documentos de Derechos Humanos, que mal utilizada puede servir de excusa a poderes arbitrarios. Mejor dejar limpio y pulcro el valor fundamentalísimo de lo que se protege: la libertad de expresión. Y dejar sus delitos y faltas asociadas a la legislación nacional e internacional”.

Cómo se cayó el negacionismo. El 10 de marzo, el pleno había rechazado el párrafo del artículo de libertad de expresión que trataba sobre el negacionismo. “Estará prohibida por ley la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos”, indicaba.

  • Ya devuelta la norma a la comisión, en la votación del 23 de marzo se suprimió el acápite que se refería al negacionismo. Esto se logró con los votos del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Colectivo Socialista, y los demás integrantes de la comisión a excepción de Elsa labraña (Pueblo Constituyente) y Fernando Tirado (Pueblos Originarios, representante del pueblo Chango).
  • En esta ocasión, a través de una indicación, se incluyó el inciso que precisamente fue rechazado este jueves: “El Estado deberá tomar todas las medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar el discurso xenófobo; la apología de odio racial, religioso, sexual o de género. La ley podrá establecer las responsabilidades por las infracciones a este artículo”.
  • La votación terminó echando por tierra buena parte de lo avanzado en torno al negacionismo en la Convención.
  • En febrero, la comisión de Derechos Fundamentales había aprobado la norma por parte de representantes del FA y el PC, la coalición de Boric, además de los integrantes de Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblos Originarios y un miembro del Colectivo Socialista.
  • Y el 30 de septiembre del año pasado, cinco meses antes de que se votara en particular en la comisión, el pleno había aprobado la definición del negacionismo, a partir del sufragio que se realizó entonces del reglamento de Ética de la asamblea.
  • En esa oportunidad, el artículo indicaba que el negacionismo será entendido como “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este”.
  • Se agregó en el concepto de negacionismo “toda acción u omisión, que justifique, niegue o minimice, las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile”.
  • En parte de la centroizquierda y Chile Vamos, sector que votó en contra del artículo en esa ocasión y también este martes, manifestaron su preocupación a partir de que el concepto de negacionismo se utilizara para coartar diversas opiniones, por ejemplo, respecto a lo ocurrido el 18 de octubre. En el sector han indicado que en el estallido social ocurrieron hechos de violencia de carácter delictual y se han opuesto a un indulto a los presos del 18-O.
  • Para entonces, el ex director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, intervino en el debate y cuestionó la ambigüedad del concepto aprobado y acusó que es inconsistente con los estándares internacionales sobre la libertad de expresión.

Ojo con. Otro acápite de no alcanzó los 2/3 en el pleno de este jueves fue la que entregaba a la ley la tarea de adoptar medidas para asegurar el pluralismo en los medios de comunicación. La norma establece que el Estado debe promover el pluralismo de los medios y la diversidad de información.

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