Qué observar: La coalición de gobierno —que el lunes 28 de marzo firmó lo que denominó un “Gran Acuerdo”, que incluía definiciones sobre la estructura y atribuciones que tendrán los poderes ejecutivo y legislativo en el proyecto constitucional—, está mostrando divisiones en uno de los temas que más debate ha generado en la Convención: el poder real que tendrá la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado.

  • El acuerdo del 28 de marzo —en el que también participaron movimientos sociales, pero ni Chile Vamos ni el Colectivo del Apruebo— entregaba competencias a la Cámara de las Regiones en 17 puntos tales como las leyes de presupuesto, las de división política del país y las que regulan a las organizaciones políticas. Esto implicaba terminar en la práctica con el Senado, que actualmente tiene capacidad revisora en todas las materias que ve la Cámara de Diputados.
  • Este listado de atribuciones fue criticado desde esa misma semana por la centro-izquierda, que acusó que el acuerdo implicaba establecer un unicameralismo disfrazado. El expresidente Ricardo Lagos se sumó este fin de semana a esos cuestionamientos y rechazó la eliminación del Senado. “Creo que es un grave error (…). Ya en la Constitución de 1828 estaban las dos cámaras, y eso fue siempre así. El Senado fue parte de nuestra historia”, dijo el sábado a Radio Duna.
  • El Presidente Gabriel Boric ya había pedido, en términos más generales, alcanzar acuerdos más amplios en la Convención. “Mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas”, dijo el martes 5, durante su gira por Argentina.
  • Boric hizo esas declaraciones luego de que 3 encuestas proyectaran un triunfo del Rechazo por sobre el Apruebo en el plebiscito de salida programado para el domingo 4 de septiembre.
  • Mientras desde el Partido Comunista (PC) han planteado que los 2/3 de votos favorables que se requieren para aprobar normas en el pleno son ya suficientemente transversales, en el Frente Amplio (FA) se han abierto a entregar algunas atribuciones adicionales a la Cámara de las Regiones, que mantengan su carácter regional.
  • En este esquema es el Colectivo Socialista el que se ha mostrado más permeable a los diversos mensajes enviados a la Convención, aunque fijando límites. “Creemos que se tiene que equilibrar más la relación de las dos cámaras: el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Creemos que se puede mejorar la tramitación, e incluso creemos que se puede mejorar la redacción de ciertas normas”, dijo este lunes el coordinador de la comisión de sistema político, Ricardo Montero (Colectivo Socialista). “Este es un acuerdo que se puede mejorar, pero donde ya existe una base. La base es un presidencialismo atenuado, con un bicameralismo asimétrico”.
  • Convencionales de ese colectivo plantean que su intención de mejorar el acuerdo del 28 de marzo se concretará por 2 vías. Por una parte, a través de su intención de, eventualmente, rechazar algunas de las normas del acuerdo de sistema político que se votarán el miércoles 13 en el pleno, de manera de que vuelvan a la comisión. Hasta este lunes por la tarde se analizaba cuáles serían.
  • Por otra, a través de las indicaciones presentadas el sábado 9 para añadir competencias a la Cámara de las Regiones en materias de tratados internacionales, estados de excepción constitucional, y acusaciones constitucionales. En este punto tienen diferencias con el PC.
  • En este colectivo han analizado que una de sus prioridades debe ser bajar la imagen de conflicto que ha proyectado la Convención y que, de acuerdo con su análisis, se ha reflejado en la baja en las encuestas.

La respuesta a Ricardo Lagos sobre el Senado: Con distintos tonos, ni en el FA ni en el Colectivo Socialista acogieron la petición de Lagos de mantener el Senado como institución.

  • “(Lagos) prefiere que se mantenga una Constitución que es de la dictadura y la intenta revestir como democrática porque él hizo una algunas modificaciones que no modificaron el carácter subsidiario y neoliberal de la Constitución de la dictadura. Creo que son palabras muy graves, porque lo ponen al margen de la voluntad democrática”, dijo el convencional del PC Marcos Barraza.
  • “Todos tienen derecho a tener sus opiniones; algunos podrán creer que el acuerdo al cual se llegó no fue un buen acuerdo, podrían haber preferido una modalidad distinta; yo respondería, por todas las razones que ya hemos dado, por qué creemos que una estructura como la que se acordó, con un Congreso de Diputadas y Diputados, y una Cámara de las Regiones”, dijo Atria a este medio.
  • “Son insumos que alimentan y mejoran el debate, como Colectivo Socialista hemos estado siempre abiertos a tener un debate de cara a la ciudadanía. Creemos que es un error mantener encapsulado el debate en la Convención y estamos atentos a las propuestas que se presenten, desde la ciudadanía, desde otros órganos, de autoridades actuales y de ex autoridades”, dijo Ricardo Montero a T13.

La pugna por las acusaciones constitucionales entre el Colectivo Socialista y el PC: La medianoche de este sábado venció el plazo para presentar artículos para el segundo informe de sistema político, que deberá revisar primero la comisión y luego el pleno. Los colectivos de izquierda y centro izquierda negociaron nuevamente la presentación conjunta de propuestas de normas.

  • El convencional Fernando Atria (FA) explicó que “había 3 temas grandes que estaban pendientes: la acusación constitucional, la tramitación de tratados internacionales y los estados de excepción. De esos 3 temas, en los estados de excepción y en la tramitación de tratados internacionales se llegó a una redacción y a una indicación conjunta, pero no se llegó a una indicación conjunta en la acusación constitucional, porque ahí había 2 versiones”, con sus respectivas propuestas de artículos.
  • Uno de estos artículos, presentado por los convencionales Montero y Maximiliano Hurtado del Colectivo Socialista, Fuad Chaín (DC) y otros, proponía que será “atribución exclusiva del Congreso de las Diputadas y Diputados declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de veinte de sus miembros formulen, mediante un libelo, en contra de servidores públicos”, incluyendo el Presidente. Esta propuesta postulaba que será “atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer de las acusaciones que el Congreso de las Diputadas y Diputados entable con arreglo a lo establecido en el artículo anterior”.
  • En otras palabras, implicaba sumar a la segunda cámara una capacidad revisora adicional.
  • La segunda propuesta, firmada por Marcos Barraza y Bárbara Sepúlveda del PC y Francisca Arauna (Pueblo Constituyente), entre otros, postulaba que “el Congreso de las Diputadas y Diputados conocerá y tramitará las acusaciones que no menos del 10 por ciento ni más del 15 por ciento de sus miembros formulen en contra” del Presidente y de otras autoridades. Establecía que “el Congreso de Diputadas y Diputados, en sesión conjunta con la Cámara de las Regiones, resolverán como jurado y se limitarán a declarar si el acusado es o no culpable de la infracción o abuso de poder que se le imputa. La acusación se entenderá rechazada si no recayere ningún pronunciamiento sobre la misma dentro de los quince días siguientes a su formulación”. Es decir, no entregaba autonomía a la Cámara de las Regiones en la revisión.
  • Tanto desde el Colectivo Socialista como desde la propuesta PC-Pueblo Constituyente plantearon que el FA apoyaría sus respectivos artículos. Fuentes del FA explicaron que era una discusión abierta.
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