El gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, presentó una querella por Ley Antiterrorista por el atentado ocurrido el pasado 29 de agosto en Contulmo.
El propia Díaz anunció que "le he solicitado al abogado Marcelo Villena, prestigioso penalista de la región, que tome la representación del Gobierno regional del Biobío y presente una querella criminal por Ley Antiterrorista frente a los hechos que han ocurrido hace sólo algunos días".
"Esta decisión la he tomado porque existe mérito para hacerlo, sobre esta materia, podemos los gobiernos regionales requerir este tipo de investigación", añadió además el gobernador.
No obstante el anuncio, las acciones legales por Ley Antiterrorista -o Ley de Seguridad Interior del Estado- solo pueden ser presentadas por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior.
Por este mismo motivo, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley hace algunos días para modificar la Ley de Seguridad del Estado de manera que los gobernadores regionales también puedan invocarla.
Respuesta del gobierno
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó la decisión del gobierno de no querellarse por Ley Antiterrorista, debido a las complejidades que plantea su invocación.
Al respecto, indicó que la norma "tiene un fuerte componente subjetivo, o sea hay que demostrar la intención y no los hechos, no la evidencia, sino que además la intención. Eso hace que muchas veces sea difícil tipificar y sancionar a alguien por el delito de terrorista".
"El artículo cuarto de la Ley Antiterrorista permite además la rebaja de penas que, en el caso de que alguien colabore, va a obtener penas bastante similares a las que establece el Código Penal. La ley de seguridad del Estado, en el artículo 13ª también permite la rebaja de hasta dos grados en la pena en materia de colaboración", agregó.
Del mismo modo, Monsalve recalcó que la decisión se basó en "eficacia jurídica, de eficacia penal, porque lo que queremos es que las personas sean sancionadas y que la evidencia cumpla el estándar para permitir que, finalmente, sean condenadas y que las condenas tipificadas en el Código Penal son suficientemente altas para desbaratar y sancionar de manera justa a quienes cometen delitos que consideramos graves".
