El Juzgado de Garantía de Cañete acogió a trámite la querella presentada por el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, quien invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado –o Ley Antiterrorista-, pese a que esta solo puede ser invocada por el gobierno.
Díaz pide que se investigue bajo este rótulo y se castigue con las penas que contempla esta legislación a las personas que resulten responsable del ataque al Molino Grollmus, en Contulmo, donde dos personas resultaron gravemente heridas, e incluso una de ellas sufrió la amputación de una de sus piernas.
"Estamos muy agradecidos de la disposición que ha tomado el juzgado porque nosotros somos un gobierno regional que intenta hacer las cosas con seriedad”, dijo el gobernador Díaz.
“Lo que hemos hecho acá es decir que teníamos legitimación activa para poder recurrir en protección de las personas que han sido atacadas gravemente en Contulmo hace unos días atrás, de la familia Grollmus también de la familia Cid y esto nos permite ingresar al juicio, y poder solicitar diligencias, que nos permitan ayudar a esclarecer la verdad", añadió.
El gobierno había descartado la utilización de esta ley para la investigación del ataque en Contulmo porque consideró que “no es lo más eficiente”, pero sí se querelló por los delitos de homicidio frustrado, incendio, robo con violencia e intimidación, porte ilegal de armas y disparos injustificados.
El gobernador Díaz aseguró que existía “mérito” para invocar esta ley en el caso del Molino Grollmus.
"Es un hecho jurídico de la mayor relevancia y vamos a continuar en esta senda, porque nuestra obligación es defender a la gente de la Provincia de Arauco", insistió Díaz.
