"Hacer entrega simbólica de las llaves del municipio de Yopal a Jesucristo 'para que su reino de paz y bendición sea establecido'".
Así dice el decreto firmado por Luz Marina Cardozo Solano, que era alcaldesa encargada de ese territorio del departamento colombiano del Casanare, en los Llanos Orientales del país.
El texto, que lleva fecha del 9 de junio, pero se conoció esta semana, dice también: "Humildemente rogar a Dios que entre a este municipio y lo haga su morada, dando la bienvenida al señor Jesucristo, al hogar que nos dio como casa, para que habite en ella por siempre y hasta el fin de los siglos amen (sic)".
El viernes pasado hubo un acto en el Coliseo 20 de Julio de Yopal, en el que como indica la norma, en forma simbólica unos niños recibieron la llave de la ciudad, con la presencia de decenas de representantes de iglesias cristianas evangélicas.
"Esta decisión recoge el sentimiento de la comunidad", le dijo a BBC Mundo Juan Carlos Suárez, quien era jefe de Planeación durante el mandato de la exalcaldesa, quien también firma el decreto, y quien explicó que fue escogido por Cardozo Solano para responder sobre este asunto.
"Acá en Yopal, una ciudad pequeña, de 180.000 habitantes, hay más de 70 iglesias", señaló para dar cuenta del tamaño de la feligresía en el municipio.
¿Inconstitucional?
Hubo quienes consideraron que se trató de una decisión reñida con la Constitución colombiana, que garantiza la libertad de culto, aunque el país es de mayoría católica.
Para Natalia Ángel, profesora de derecho constitucional de la universidad de Los Andes, se trata un decreto inconstitucional, algo que queda claro en una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia de 1994.
Lleva el número 350 y dice: "En el ordenamiento constitucional colombiano, hay una separación entre el Estado y las iglesias porque el Estado es laico; en efecto, esa estricta neutralidad del Estado en materia religiosa es la única forma de que los poderes públicos aseguren el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas".
Desde la Procuraduría de Colombia, órgano encargado de supervisar el actuar de los funcionarios públicos, le dijeron a BBC Mundo que están evaluando qué acción tomar.
La constitucionalista Ángel, por su parte, considera que la Alcaldía de Yopal debería retirar el decreto.
"Siento vergüenza ajena"
Eso es algo que ya no está en manos de la exalcaldesa o el ex jefe de Planeación.
Pocos días después de ser emitido el decreto, Cardozo Solano dejó el puesto en el que estaba temporalmente ocupando el lugar de Jhon Jairo Torres.
Torres regresó hace pocos días a ocupar el frente de la alcaldía; y reemplazó a todo el gabinete, dijo Suárez.
"Siento vergüenza ajena", le dijo a BBC Mundo. Él también considera que el decreto es inconstitucional.
Y va a hacer lo que Ángel sugirió. "En una media hora estaremos presentando la revocatoria del decreto", le dijo Torres a BBC Mundo, quién agregó que quiere: "Presentarle excusas al mundo por esta situación".
El alcalde, apodado Jhon "Calzones" (por su exitoso negocio de ropa interior femenina, aunque prefiere que no lo llamen así) volvió al municipio luego de ser puesto en libertad por vencimiento de términos de un proceso por irregularidades en la construcción de una urbanización en Yopal, pero esa es otra historia, más terrenal que la del decreto.
