El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro comunitario de la colectividad judía argentina, que dejó 85 muertos en 1994, no es solo el peor atentado en la historia de Argentina.
También es uno de los ejemplos más grandes de impunidad que tiene este país.
Quizás el mayor reflejo de ello es que, un cuarto de siglo después del ataque, no solo no ha sido arrestado ninguno de los autores ni juzgado ni un solo sospechoso, sino que el que está preso es el juez que llevó la causa original.
En febrero pasado, Juan José Galeano fue condenado a seis años de prisión por haber usado dinero del Estado para pagar a testigos falsos para que acusaran a un grupo de policías de ser la "conexión local" del ataque.
En el juicio también se condenó a los principales responsables del aparato de inteligencia que operó cuando ocurrió el atentado en 1994, y que en vez de investigar lo que pasó intentaron encubrir lo ocurrido.
Incluso el presidente de entonces, Carlos Menem (1989-99), fue acusado de desviar la investigación, presuntamente exigiéndole al juez que no investigara la llamada "pista siria", que involucraba a un empresario cercano a su familia.
Sin embargo, el tribunal absolvió a Menem de ese delito.
Pero no solo quienes dirigían el país cuando ocurrió el atentado han sido salpicados por la mancha negra que el caso AMIA significa para la justicia argentina.
A 25 años del atentado, el caso sigue teniendo ramificaciones: en los próximos meses un segundo jefe de Estado será juzgado por supuestamente tratar de encubrir a los autores del crimen.
Esta vez la que estará sentada en el banquillo será la expresidenta y actual candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-15), acusada de haber firmado un pacto con los presuntos agresores para garantizar su impunidad.
Es decir, dos exmandatarios han sido o están siendo juzgados por supuestamente encubrir el crimen, pero ni uno solo de los autores se ha tenido que presentar ante la justicia.
¿Quiénes cometieron el ataque y por qué no han sido juzgados?
Los responsables
Según la justicia argentina, el atentado fue ejecutado por el grupo militante chiita Hezbolá, de origen libanés, bajo órdenes de Irán, algo que ese país siempre ha negado.
El primero que acusó a Irán de estar detrás del atentado fue un exdiplomático de ese país llamado Manoucher Motamer, quien luego sería señalado como agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Poco tiempo después del ataque, Motamer acusó a funcionarios de la embajada iraní en Buenos Aires de organizarlo.
La acusación fue replicada por los gobiernos de EE.UU. e Israel, quienes señalaron a Hezbolá como los autores materiales del ataque.
Hezbolá ya había sido consideradao responsable por la justicia argentina de haber estado detrás del atentado con cochebomba contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que ocurrió dos años antes que el ataque contra la AMIA y dejó 22 víctimas fatales y más de 200 heridos.
Sin embargo, el llamado "juicio por el atentado de la AMIA", que comenzó en Buenos Aires en septiembre de 2001, no se enfocó en Hezbolá o Irán, sino en la "conexión local".
Ese juicio terminó en escándalo cuando se reveló que los imputados fueron falsamente acusados. La causa fue declarada nula y todos quedaron absueltos en 2004.
El juez Galeano, que había sido removido del caso en pleno juicio, fue destituido en 2005 y fue enviado a juicio años después, junto con Menem y otros funcionarios.
Mientras la justicia argentina vivía uno de los episodios más vergonzosos de su historia, los esfuerzos por atrapar a los responsables del ataque se vieron frustrados.
En agosto de 2003, en medio del juicio en Buenos Aires, Argentina pidió la extradición del exembajador iraní en ese país, Hade Soleimanpour, quien ahora estaba en Reino Unido.
Tres meses después del pedido, Londres lo rechazó por falta de evidencias.
Nisman
Tras la anulación del juicio, el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) decidió crear una fiscalía especial para investigar lo ocurrido en la AMIA.
Kirchner puso a cargo de esa investigación a Alberto Nisman, quien venía trabajando como fiscal en la causa AMIA desde 1997.
Fue Nisman quien se concentró en la llamada "pista iraní", basándose en información que recibía de los servicios secretos de EE.UU. e Israel.
En octubre de 2006 Nisman acusó formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo y pidió la captura de los responsables.
Un año después, la Interpol accedió al pedido argentino y emitió órdenes de detención (conocidas como "notificaciones rojas") para cinco exfuncionarios iraníes:
- Ahamad Vahidi, entonces ministro de Defensa iraní y exjefe de la Guardia Revolucionaria
- Alí Fallhijan, exministro de Seguridad
- Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria
- Mohsen Rabbani, exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires
- Ahmad Reza Ashgari, el exsecretario de esa sede diplomática
Irán, que siempre ha acusado a EE.UU. e Israel de involucrar a Argentina en un complot en su contra e incluso ha sostenido que el ataque contra la AMIA fue un "autoatentado" israelí, se ha negado a entregar a los sospechosos y tampoco ha permitido que sean interrogados.
El "memorándum de entendimiento"
El laberinto sin fin que es el caso AMIA volvió a tomar un giro inesperado tras la llegada al poder de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
En septiembre de 2009 la jefa de Estado exhortó a Irán a que extraditara a los exfuncionarios cuestionados durante un discurso que dio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, tres años más tarde, durante su segundo mandato, la presidenta sorprendió con el anuncio de una nueva estrategia para llevar ante la justicia a los iraníes sospechados.
Fernández dijo que firmaría un "memorándum de entendimiento" con Irán para intentar avanzar en la causa.
Este pacto, que fue firmado en enero de 2013 en Etiopía, preveía la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado.
También estipulaba que la Justicia argentina podría interrogar en Irán a los cinco imputados que están requeridos por Interpol.
Un mes más tarde, el Congreso argentino -con mayoría kirchnerista- aprobó el acuerdo, dándole rango de tratado internacional. Pero el Parlamento iraní nunca trató el asunto, por lo que el pacto no entró en vigencia.
No obstante, eso no evitó la controversia que generó el memorándum: tanto las entidades representativas de la comunidad judía como todos los partidos de oposición rechazaron el acuerdo.
La Justicia les dio la razón a estos críticos y, en mayo de 2014, declaró el memorándum inconstitucional por considerar que la justicia argentina estaba renunciando a su propia jurisdicción para juzgar a los iraníes en una comisión extrajudicial.
Acusación y muerte
Pero la verdadera controversia explotó casi un año después, a comienzos de 2015, cuando el fiscal especial Nisman acusó a la presidenta, al canciller, Héctor Timerman, y a otros funcionarios de haber buscado encubrir a los autores iraníes del atentado a través del memorándum.
Nisman presentó una denuncia judicial, basada en escuchas realizadas por agentes de inteligencia argentinos, que afirmaba que el pacto con Irán buscaba el levantamiento de las notificaciones rojas de Interpol.
Según el fiscal especial, Argentina, que atravesaba una crisis energética, habría accedido a negociar la impunidad de los iraníes a cambio de petróleo y otros acuerdos económicos.
Si bien Fernández y el resto de los acusados siempre negaron que esto fuera cierto y aseguraron que el pacto no contemplaba eliminar los pedidos de captura de Interpol, y aunque la justicia argentina originalmente desechó la denuncia de Nisman, todo cambió después del 18 de enero de 2015.
Ese día fue hallado sin vida, con un tiro en la cabeza, el fiscal Nisman, quien 24 horas más tarde debía presentarse ante el Congreso para mostrar las evidencias con las que fundamentaba su acusación.
Su muerte, originalmente catalogada como un suicidio, fue declarada homicidio años más tarde.
El rabino que presidió el sepelio de Nisman en 2015 dijo que este había sido "la víctima 86 del atentado de la AMIA". No obstante, varios de los familiares de los muertos en ese ataque rechazaron tajantemente esas palabras y, por el contario, se mostraron muy críticos hacia el trabajo del fiscal.
La presidenta de la organización Memoria Activa, Adriana Reisfeld, le dijo a BBC Mundo que el fiscal había sido "un obstáculo" para llegar a la verdad, y aclaró que no apoyaba su denuncia contra Fernández.
En 2016, un año después de que Fernández fuera sucedida en el poder por Mauricio Macri, la justicia reabrió la denuncia de Nisman y en marzo de 2018 envió la causa por presunto encubrimiento a juicio oral.
¿Se hará justicia?
En tanto, a 25 años del peor atentado en suelo argentino, los familiares de las víctimas siguen esperando que se haga justicia.
En una entrevista con la BBC en 2015, el entonces canciller Timerman -quien falleció a finales de 2018- remarcó por qué es tan difícil lograr avances en la causa AMIA.
"Creemos que alguna gente en Irán cometió un crimen en Argentina, (pero) hay una ley que dice que ningún iraní será extraditado a otro país", señaló, justificando la decisión de su gobierno de negociar con Teherán.
El actual gobierno de Macri, opuesto políticamente al kirchnerismo, ha coincidido que estas limitaciones hacen prácticamente imposible juzgar a los responsables.
En declaraciones realizadas esta semana, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, señaló que no se pudo "avanzar más" porque las personas sospechosas de haber cometido el ataque "están en su país y no fueron entregadas, sino se hubiese podido hacer un juicio".
Ante esta traba judicial, el gobierno ha propuesto otras manera de intentar "sanar la herida" que dejó la AMIA.
Por un lado, busca incorporar la figura del juicio en ausencia al Código Penal argentino, a través de un proyecto legislativo que divide opiniones entre la comunidad judía (algunos incluso cuestionan las evidencias que apuntan a Irán y consideran que un juicio podría cerrar la posibilidad de abrir nuevas investigaciones).
Por otra parte, Macri conmemoró el 25 aniversario del ataque con la firma de tres decretos. Uno oficializa el 18 de julio como día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas. Otro crea una indemnización para una decena de exempleados de la AMIA.
Pero el más significativo es el que crea el primer registro de "personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento", en el que estará incluido Hezbolá.
El registro, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, tendrá como fin "facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento".
Según Bullrich, esto representa una "condena simbólica", a falta de una condena judicial, y dificultará el accionar del grupo acusado de estar detrás de los dos mayores atentados cometidos en Argentina.
