Más de cien médicos –entre ellos parlamentarios-, manifestaron esta semana su preocupación por las políticas públicas que rigen para el consumo de drogas en Chile: “Las consecuencias del sistema, han resultado ser peores que las consecuencias del consumo de estupefacientes en las personas”, reclamaron 131 facultativos, a través de una carta abierta para una “Reforma a la Política de Drogas en Chile”.
Los profesionales consideran básicamente, que la política de drogas actual genera un “efecto negativo” en la sociedad e incluso, a veces “nefasto” para las personas.
En el petitorio, exigen al gobierno que regule el uso medicinal de esta planta. Para los médicos, bajo el modelo aplicado en el país, los consumos de drogas ilícitas se han mantenido o aumentado mientras que el uso sanitario, se ha mantenido en la clandestinidad.
“Las cárceles se llenan de infractores menores, e ingentes recursos legales, judiciales y policiales se utilizan en la guerra contra las drogas. La ausencia de resultados revela que la prohibición como política ha tenido costos sociales altos y baja eficacia sanitaria”, apuntan.
En principio, esta carta ha sido firmada por el traumatólogo y senador Fulvio Rossi, el ex presidente del Colegio Médico (Colmed) y actualmente diputado Juan Luis Castro, la presidenta del Regional Santiago del Colmed Izkia Siches, el secretario técnico de la Agrupación de Médicos de Atención Primaria (APS) Camilo Bass y el profesos titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y presidente de Medio Ambiente del Colmed, Andrei Tchernitchin, entre otros.
La ley 20.000 y “sus contradicciones”
El reclamo de los profesionales de la Salud, indica que si bien desde las dependencias administrativas del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), en el Ministerio del Interior, “muchas veces por la falta de arsenal terapéutico adecuado y recibiendo menguados ingresos con escasa competitividad con el sistema privado, son señas que marcan el rumbo de una reforma a tal política”, indican.
“Debemos fortalecer estos equipos y dotarlos de las mejores condiciones para que ejerzan sus importantes labores con las personas que sufren de consumo abusivo de drogas”, agregan.
De igual manera, los facultativos apuntan a que la ley 20.000 (que Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas), presenta “contradicciones”. Por una parte permite el consumo de drogas, pero por otra, que no se pronuncia por el abastecimiento de las mismas, ni por la tenencia, porte, comercio ni ningún tipo de acceso a ellas, siendo todas actividades penalizadas, “lo que resulta en 100,000 detenciones al año por infracción a dicha ley”.
Para los facultativos, de estas contradicciones “resultan graves daños a las personas, pues sus antecedentes policiales quedan dañados, multas deben ser pagadas y en la mayor parte de los casos, penas aflictivas son impuestas por la justicia, poniendo en suspenso derechos humanos que tanto nos han costado adquirir, como el derecho a trabajar o estudiar”, denuncian.
Por ello, los especialistas expresan al gobierno la necesidad de regular el uso medicinal de al menos la cannabis, que consideran de “alta utilidad” en casos de cáncer, esclerosis múltiple, anorexias, migrañas, epilepsias, entre otras patologías, y así sacar de la clandestinidad a los miles de usuarios terapéuticos actuales.
“La cannabis tiene indicaciones terapéuticas que el Ministerio de Salud debería regular”, destacan
