En septiembre pasado, la policía australiana abatió a un presunto terrorista islamista en las afueras de la ciudad de Melbourne después de que hubiera apuñalado a dos agentes.
Durante ese mismo mes, las autoridades intensificaron la seguridad en torno a Jamal Rifi, un importante líder musulmán local que fue amenazado por Twitter por un militante islamista que ofreció pagar una recompensa de US$ 1.000 por detalles del paradero de Rifi y sus hijos.
Esto, luego que Rifi hubiera condenado imágenes publicadas en redes sociales por parte del terrorista australiano Khaled Sharrouf, quien apareció con su hijo de siete años sosteniendo una cabeza mutilada.
En paralelo, la policía llevó a cabo ese mismo mes una importante operación antiterrorista, cuando unos 800 agentes se desplegaron en Sidney y detuvieron a 15 personas presuntamente cercanas al Estado Islámico (EI) y acusadas de planear un atentado en el país.
En este contexto, el gobierno australiano del conservador Tony Abbott impulsa una nueva ley antiterrorista que pretende darle poderes extraordinarios a los servicios secretos.
El gobierno logró la aprobación en octubre de una norma para reforzar la vigilancia sobre los computadores y el uso de internet. Las enmiendas aprobadas permiten sancionar a las personas, entre ellas informantes y periodistas, que revelen operaciones especiales de inteligencia hasta con diez años de prisión, además de otorgar inmunidad limitada a los agentes secretos que participen en operaciones especiales.
Para el gobierno de Abbott, la más importante actualización de las leyes de seguridad realizada en el país desde la década de 1970, permitirá a las autoridades obtener los poderes y capacidades necesarias para desempeñar su labor en una "nueva era de peligro", según detalla el diario La Vanguardia.
