El Instituto de Derechos Humanos (INDH) en su último Informe Anual 2014, asegura que la bahía de Quintero es un sector donde se “vulneran los derechos de su población”, declarándola –además- como Zona de Sacrificio en materia de impacto ambiental.
En medio de este escenario, en septiembre del año pasado un accidente –según la definición que le dio el gobierno-, generó el derrame de cerca de 40 mil litros de petróleo en ese sector.
La investigación al respecto continúa en curso, tras cuatro meses del mayor desastre ambiental ocurrido en el país durante 2014: Ayer, la Gobernación Marítima de Valparaíso ordenó reabrir la investigación sumaria administrativa, para buscar esclarecer las causas y responsabilidades del caso.
Tras la seguidilla de hechos, el administrador del municipio de Quintero y alcalde (s), Rubén Gutiérrez declaró a T13.cl: “No estamos optimistas, porque si las empresas continúan entregando servicios sin modernizarse, los derrames continuarán ocurriendo. La zona es tan vulnerable a ellos, que en estos momentos podría estar ocurriendo alguno y no sólo de petróleo, sino que de una variedad de materiales altamente tóxicos y contaminantes”, aseguró.
Al antecedente, se suma que desde el Municipio de Quintero presentaron una demanda que fue acogida por el Tribunal Ambiental, contra ENAP y Ultramar: “Estamos esperando que se notifique a las partes afectadas. Lo que debe considerarse es que la empresa Ultramar es la dueña del buque y de los remolcadores que presentaron las fallas, pero han pasado desapercibidos. Son los grandes responsables de este desastre, pero prácticamente no los nombran públicamente”, sentenció.
“En esto somos tajantes: Un derrame de esta magnitud no se puede revertir”, aclaró Gutiérrez.
Empresas no fueron evaluadas por el Sistema de Impacto Ambiental (SEIA).
En entrevista exclusiva con T13.cl, el ministro de medio ambiente (MMA) Pablo Badenier explicó que el “accidente” ocurrido en Quintero significó una “luz de alerta para los servicios públicos, respecto a que debemos estar preparados para estos eventos”, dijo.
También, recalcó que “en Quintero hay varias empresas instaladas en una zona muy impactada ambientalmente y se trata de proyectos que –obviamente- requieren implementar medidas importantes para mejorar su estándar, como por ejemplo el terminal marítimo de ENAP.
Esas instalaciones eventualmente podrían requerir ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) como proyecto o como reformulación de proyecto. De esta forma, evitaríamos que ocurrieran catástrofes de los preexistentes”, considera.
El ministro además, había anunciado en octubre de 2014 que se “revisarán todos los proyectos existentes en la bahía, donde operan 17 empresas, los que tienen y los que no cuentan con resolución de calificación ambiental y los que desean ingresar a la zona. Los que no cumplan con la normativa, serán rechazados, mientras que a quienes se les levante algún procesos sancionatorio corren el riesgo de que sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) sean caducadas”, advirtió.
En materia técnica, lo que ocurrió con empresas como Enap, Copec, Codelco División Ventanas, las antiguas instalaciones de AES Gener, entre otras, es que comenzaron a entregar sus servicios en la bahía antes de 1997, año en que comenzó a funcionar el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), quedando fuera.
“Empresas que ingresaron al SEIA prácticamente no cometen errores”
Rubén Gutiérrez considera que “acá no hubo dolo, pero el Estado es responsable de todo lo que está pasando en la bahía”.
“Nosotros no tenemos competencia en esta materia, pero pedimos al Estado que ponga sus esfuerzos en obligar a las empresas que ingresen al SEIA, para que de esta forma los órganos con competencia puedan exigirles incorporar tecnología, generar planes de mitigación para evitar eventos como este”, indicó.
Gutiérrez aseguró también que “las empresas que llevan más tiempo entregando sus servicios en la bahía y que no fueron evaluadas, son las que se relacionan con estos eventos más complejos e incidentes ambientales. Al contrario, los que ingresaron al SEIA, prácticamente no cometen errores”, agregó.
El drama de la infraestructura y cobertura sanitaria
Tras el derrame en Quintero, el municipio debió generar una serie de acciones alternativas que costaron desde dinero invertido, hasta desviar las labores de muchos trabajadores, que debieron colaborar con las medidas.
“Debimos colocar todos nuestros asistentes sociales a trabajar en el caso, lo cual significó incluso sacarlos de los colegios. Instalamos carpas e infraestructuras asociadas para recuperar la avifauna. Tuvimos incluso, que instalar un hospital ambulatorio durante dos meses”, argumentó.
La situación en la zona es aún más conflictiva si se considera que la carretera que une a Quintero con Viña del Mar, es básicamente “precaria”.
“Cuando ocurra un incidente mayor en esa autopista, nos bloqueará el camino y eso nos traerá un problema sanitario: El Hospital de Quintero no cuenta con los especialistas necesarios, estamos pobres de infraestructura y con el paso intervenido, es imposible llegar hasta el Gustavo Fricke para que atiendan a las víctimas, si hubieran”, denunció.
“Hemos tenido un crecimiento industrial importante, sin embargo contamos con una carretera precaria que no permite entregar seguridad ni a los habitantes, ni a los trabajadores en la zona. El desarrollo no ha sido acompañado de una visión estratégica de buenos servicios, de carreteras, de hospitales”, agregó.
Las medidas de mitigación
Desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), crearon un conjunto de medidas para ir en ayuda de la zona afectada por el derrame de hidrocarburos. Se trata de 70 programas y proyectos financiados con fondos sectoriales, del gobierno regional y la Subdere.
El plan de ayuda implica una serie de actuaciones de diversa escala, propuestas y financiadas por las carteras ministeriales, agencias sectoriales y el gobierno regional de Valparaíso. Del monto total, un 74,5% proviene de fondos sectoriales ($31.687 millones), un 23,2% de recursos del gobierno regional ($9.822 millones) y un 2,3% de la Subdere ($1.000 millones).
