Ciudadano Inteligente: la fundación que se querelló contra políticos en el caso Penta
Ciudadano Inteligente: la fundación que se querelló contra políticos en el caso Penta
Al comienzo de la audiencia de formalización contra diez involucrados en la investigación del Caso Penta, se abordó la querella presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente contra los políticos que han surgido en la investigación y quienes resulten responsables de cohecho.
Ciudadano Inteligente es una fundación creada en 2009 cuyo financiamiento proviene principalmente de fondos extranjeros y de dedica a presentar indicaciones en los proyectos que tramita el Congreso.
En su sitio web, la agrupación plantea que conciben "la buena política como una herramienta fundamental de transformación social" y que buscan que "quienes ostentan cargos de representación popular se deban a sus ciudadanos y ciudadanas, y no a otros intereses particulares".
En esa línea, FCI a organizado campañas como Del Dicho al Hecho y ¿Quién te Financia?, que se trataba de un llamado a los candidatos políticos a transparentar sus gastos y el origen de sus recursos.
Buscamos colaborar con la investigación y esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias, sin importar color político de responsables
— CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) marzo 4, 2015
La Querella
Mediante un comunicado, la fundación informó sobre la querella que presentó en el marco de la investigación del Caso Penta: "en virtud de lo señalado en el inciso segundo del artículo 111 del Código Procesal Penal, el cual otorga acción pública para aquellos “delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública”, interpuso una querella criminal en contra de Pablo Guillermo Wagner San Martín, Iván Alejandro Moreira Barros, Ena Anglein Von Baer Jahn, Jovino Novoa Vásquez, Alberto Eugenio Cardemil Herrera, Ernesto Silva Méndez, Roberto León Ramírez, Fulvio Fabrizio Rossi Ciocca y demás personas que resulten responsables, por el delito de cohecho contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal o por cualquier otra figura penal que se determine en el curso de la investigación".
En ese documento el director Ejecutivo de la Fundación, Pablo Collada, expresó que: "Lo que nos motiva es proteger la confianza en nuestras instituciones democráticas, pero una confianza que se construye desde la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública".
