Por Carlos Agurto
La apropiación indebida de recursos en el Ejército entre 2011 y 2015 derivados de la ley reservada del cobre, que llevó a la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que concluyó ayer su trabajo, y la compleja situación económica de Codelco, que significó que el primer semestre se consignaran excedentes negativos por US$ 97 millones, han puesto en la palestra la necesidad de derogar la ley reservada del cobre que entrega un 10% de las ventas de la cuprífera a las FFAA.
Sin embargo, la intención de realizar cambios al actual sistema de financiamiento de las FFAA no es nueva. De hecho, en marzo de 2009, durante su primera administración, la Presidenta Michelle Bachelet ingresó un proyecto de ley que no fue tramitado en el Congreso. Posteriormente, en 2011 el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera presentó un nuevo proyecto que tras más de un año de tramitación fue aprobado en general y particular en la Cámara de Diputados, sin que después haya logrado avanzar en el Senado.
Es en este escenario donde la Presidenta Bachelet en su programa de gobierno 2014-2018 se comprometió al envío de una indicación sustitutiva respecto del proyecto de ley que deroga la ley reservada del cobre.
En dicho documento se advierte que dicha enmienda buscaría establecer “que la asignación de los recursos para el financiamiento de la Defensa Nacional se realizará mediante la formulación de una planificación presupuestaria cuatrienal, que contemple el financiamiento de los programas y proyectos de inversión y los gastos de operación y mantenimiento de equipamiento”, incorporando en cada Ley de Presupuesto “la anualidad correspondiente de la planificación presupuestaria cuatrienal”.
Además, la propuesta consideraría un “reforzamiento” del control democrático sobre las instituciones de la Defensa Nacional, debiendo el Congreso “ser informado respecto de cómo se ejecuta el gasto en defensa y de cómo se desarrollan e implementan los programas y proyectos a los cuales se les asignaron partidas presupuestarias, así como todo lo relativo al proceso de adquisiciones en sus aspectos reservados y secretos”.
De la misma forma, la indicación sustitutiva contendría la eliminación de los denominados “pisos” de financiamiento, “cuya existencia es injustificada, especialmente a la luz de las asignaciones que la defensa ha obtenido, las que superan con creces a aquellos pisos. Por otra parte, se eliminarán los excedentes de uso exclusivo de la Defensa y la inflexibilidad en su administración, con lo que se optimizará la eficiencia financiera y presupuestaria”.
Diferencias en el gobierno
Es en medio de esta discusión en que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, durante la presentación de la cuenta pública de la cartera en mayo de este año aseguró que el ingreso de esta indicación se haría efectiva en el segundo semestre del presente año. Mientras que el pasado viernes planteó que la ley reservada del cobre ha cumplido un objetivo importante en materia de Defensa, “por lo tanto es relevante su modificación o derogación”.
Contrariamente, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró hace algunas semanas que esta materia “no está dentro de la lista de los temas prioritarios”. Mientras que el propio ministro del Interior, Mario Fernández, planteó este martes que el gobierno no ha tomado una decisión sobre esa materia. “No quisiera adelantar juicio alguno porque se trata, junto con todo el tema de Codelco, de una situación demasiado importante como para aventurar", dijo el jefe de gabinete.
Sin embargo, luego que el pasado domingo en entrevista con La Tercera, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, expresara que la cuprífera estatal sería “más feliz” sin la Ley Reservada del Cobre, este tema se tomó el comité político de los lunes en La Moneda. Participantes en dicha instancia reconocieron que los ministros Eyzaguirre (Segpres) y Valdés fueron enfáticos en plantear que no es el momento adecuado para una conversación de ese tipo, considerando los muchos proyectos de ley calificados como prioritarios y que están pendientes de discusión en el parlamento.
Pero los parlamentarios insisten que el gobierno no debe ponerle una “lápida” a la discusión de este proyecto pese a las diferencias que provocan algunas de las materias contenidas en el proyecto al interior del gobierno.
En esa línea, el diputado DC y presidente de la Comisión Investigadora que indaga las responsabilidades administrativas involucradas en el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, Jaime Pilowsky, dice esperar que los ministros de Defensa e Interior cumplan el compromiso asumido por la Presidenta Bachelet de derogar la ley reservada del cobre.
“Tanto el gobierno anterior como este gobierno han dejado que el proyecto no tenga tramitación. Lo que corresponde es tomar una decisión, presentar esta indicación sustitutiva que viene a modificar algunos aspectos que no consideramos positivo del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, pero que es necesario discutirlo y llegar a acuerdos”, explicó el parlamentario.
De hecho, el diputado falangista reconoció que de las 22 recomendaciones que entregará la comisión investigadora compuesta por un grupo transversal de legisladores, la número uno corresponde a la derogación de la cuestionada ley. “Creemos que el gobierno, más allá de las reformas estructurales que está llevando a cabo, tiene que tomar mucha atención del actual sistema de financiamiento de las FFAA y establecer uno distinto”.
En el Congreso reconocen que el tema del financiamiento plurianual que se plantea para las FFAA no gusta en Hacienda y particularmente en la Dirección de Presupuestos (Dipres) pues implicaría asumir compromisos que no contarían con financiamiento asegurado.
En esa línea, el senador RN y ex ministro de Defensa, Andrés Allamand, aseguró en entrevista con T13 Radio que este tema fue zanjado por el ex presidente Piñera cuando planteó que el financiamiento de las FFAA debía ser pluniarual, pese a la resistencia de los técnicos de Teatinos 120.
“Si antes los ministros de Hacienda tenían recelo de los presupuestos plurianuales, ese argumento se esfumó durante este gobierno luego que planteara un mecanismo que establece un compromiso para la gratuidad universitaria casi indefinido. El ministro Valdés no tiene ningún argumento en contra de la plurianualidad cuando él mismo en la práctica lo ha aceptado”, agregó Allamand.
En esa línea, el senador planteó que si el gobierno considera necesario hacer modificaciones y mejoramientos al proyecto presentado durante el anterior gobierno”, los estudiamos en el Senado y que el proyecto avance a partir de lo que ya existe”.
Pilowsky va más allá y plantea que hay otros temas que es necesario modificar de dicho proyecto como la instauración de pisos asegurados de financiamiento para la adquisición y mantención de material bélico de las FFAA, los que deben ser establecidos por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El proyecto de ley presentado por Piñera en su artículo 96 señala que “la Ley de Presupuestos deberá asignar como mínimo para los demás gastos en las actividades generales de las Fuerzas Armadas, un aporte en moneda nacional y extranjera no inferior al asignado en la Ley de Presupuestos aprobada y ejecutada para el año 1989, corregido el aporte en moneda nacional por el factor que resulte de dividir el valor del índice promedio de precios al consumidor del año en que rija la Ley de Presupuestos y el promedio del año”.
En tercer término, parlamentarios consideran prioritario la definición del destino del Fondo de Contingencia Estratégica creado en 2011 y de los cuales “no existe información pública sobre los montos acumulados y los gastos específicos realizados por las FFAA”, según dijo el propio presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, durante una intervención ante la comisión investigadora.
Hasta hace cinco años, la administración y gestión financiera del Fondo de Contingencia Estratégica estaba radicada en el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena), instancia que manejaba el 10% de las ventas al exterior de Codelco, para su posterior depósito en las cuentas reservadas para su uso exclusivo para fines de defensa nacional.
Ahora dichos fondos son manejados por el Banco Central, que actúa como agente fiscal para gestionar la cartera de inversiones financieras, conforme a las directrices de inversión definidas por el Ministerio de Hacienda. Estos dineros son invertidos en un portafolio “espejo” del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), lo que implica que el 100% de estos recursos están en instrumentos fuera de Chile. De acuerdo al diputado Pilowsky, éste tiene acumulado hasta ahora unos US$ 4.000 millones. “La discusión ahí será ¿dejamos todo para el funcionamiento de las FFAA o dejamos una parte para otras necesidades de la nación?”, reconoció el legislador.
Con todo, el debate de cómo se financiarán las FFAA y de qué forma se le entregarán nuevos recursos a Codelco en el caso que el gobierno decida reimpulsar la discusión del proyecto de ley que busca derogar la ley reservada del cobre promete seguir marcando la agenda en los próximos meses.
