Este jueves, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento que cuestiona los criterios fijados para determinar qué alumnos accederán a la gratuidad universitaria en 2016. El recurso fue interpuesto por 31 parlamentarios de la oposición. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, expresó en Tele13 Radio 103.3FM que "durante todo el trayecto estaba esta amenaza de llevarlo al tribunal".
Según expresó la titular de Educación, son 200 mil familias a las que se les está poniendo en peligro el beneficio, por lo que "esperamos que los que impugnaron esto tendrán que dar también la explicación al país de por qué una cosa que fue aprobada democráticamente en el parlamento la impugnan en el tribunal".
"Este tema para mi gusto esconde mucho de voluntad de no favorecer lo que es el sector público", añadió.
Ante la pregunta de Ramón Ulloa sobre cuál es el 'plan B' del Gobierno en el caso de que el TC aceptara alguna de las impugnaciones —Cuestionamiento al uso de Ley de Presupuesto y "discriminación arbitraria" sobre qué estudiantes recibirán gratuidad y cuáles no—, la ministra Delpiano aseguró que eso "depende". "Dependiendo de si aceptara las dos o ninguna o una, los caminos son bastante distintos. Siempre será más fácil financiar solo las instituciones del Estado, pero no es lo que queremos, porque eso restringe la cantidad de beneficiados", agregó.
¿Sería doloroso tener que restringirlo solo a las ues del Cruch?
"Efectivamente, ni siquiera sería a todas las del Cruch, porque las estatales que son un subconjunto de las del Cruch también tienen fondos específicos a los que sería más fácil transferir más recursos, pero el gobierno no quiere eso", comentó la ministra.
Asimismo, valoró el que haya instituciones como Duoc que hayan manifestado querer adherirse al nuevo sistema. "Tomamos el acuerdo de enviar la próxima semana un proyecto de ley que permita que las instituciones que están constituidas con fines de lucro pasen a ser sin fines de lucro para que accedan a la gratuidad".
