Luego de cuatro años de tramitación el Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de identidad de género. La iniciativa busca reconocer el derecho a la identidad de las personas trans mediante la adecuación de sus documentos de identificación para que estos concuerden con su identidad.
Durante su discusión en en la Sala, el Senado introdujo varios cambios al texto que había sido discutido por la Comisión de Derechos Humanos. Uno de los principales es que se eliminó la posibilidad de que menores de edad puedan recurrir a este mecanismo.
Otro de los cambios que realizó el Senado fue la exigencia de evaluación médica para determinar si “(él o ella) cuenta con las condiciones psicológicas y psiquiátricas necesarias para formular la solicitud”. Esto, después de que a través de una indicación el proyecto permitiese realizar el cambio un trámite a través del registro civil, sin requerir documentación alguna.
El presidente de la fundación Iguales, Juan Enrique Pi, destacó que "después de cuatro años estancada, la ley de identidad de género por fin pasa su primer trámite constitucional".
"Sin embargo, hoy es un proyecto incompleto, pues excluye a niños, niñas y adolescentes -sin duda los más vulnerables a la discriminación- y patologiza a las identidades trans con la exigencia de exámenes médicos. En este sentido, llamamos a los diputados a enmendar este proyecto de ley, y convertir la identidad de género en un derecho que se pueda ejercer dignamente", manifestó.
En tanto, desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), advirtieron que “varias de las indicaciones que propusimos fueron aprobadas, pero otras pese a ser claves fueron rechazadas, lo cual constituye un retroceso respecto a la legislación actual”.
En esta línea, argumentaron que mientras el proyecto original "no hacía ninguna modificación a las leyes actuales, el Senado aprobó la indicación del Movilh para que tal trámite -la rectificación de partida de nacimiento- se efectuara en Tribunales de Familia. Sin embargo, el director del Área de Derechos Humanos del Movilh, Rolando Jiménez, acusó que “tal derecho fue limitado a los mayores de edad, mientras que niños, niñas, adolescentes y personas casadas quedaron bajo el amparo de la norma. Esto es violento y regresivo porque en la actualidad, vía judicial, los niños, niñas, adolescentes y casados sí pueden cambiar su nombre y sexo legal”.
Además, Jiménez rechazó que "a los mayores de 18 años que realicen el trámite en el Registro Civil se les exigirán certificados psicológicos y psiquiátricos, como si las personas trans fueran enfermas o peligrosas de alguna patología".
