Una serie de errores, desprolijidades e infracciones a principios legales detectó la Contraloría al realizar una revisión al Censo 2012.
Según el informe del INE publicado esta jornada en la página web de la Contraloría la medición realizada por el gobierno de Sebastián Piñera "se apartó de las recomendaciones internacionales que el primer precepto impone considerar, en cuanto a la realización de pruebas piloto; la necesidad de una cuidadosa planificación del proceso; de contar con personal calificado suficiente, y de proporcionar al mismo la capacitación necesaria". De hecho, según consta en el informe, un cuarto de los funcionarios no recibió la debida capacitación.
Según consigna el informe "tampoco se dio cumplimiento a la segunda disposición legal referida, según la cual tendrá el carácter de feriado legal el día en que deba procederse al levantamiento de los censos oficiales y la fecha del censo será determinada por resolución del Director Nacional del INE, lo cual fuera advertido por esta Contraloría General en su oficio N° 80.449, de 2011, al cursar con alcance el decreto N° 143, de ese año, del mismo ministerio".
Distintas instancias del INE hicieron presentes determinados riesgos y costos adicionales que, en su opinión, implicaba el cambio metodológico
Por otro lado, se señala que el proceso "se apartó de lo previsto en el reglamento respectivo, contenido en el decreto N° 36, del mismo año y origen, el cual discurre sobre la base de que el censo del 2012 se realizaría conforme la metodología habitual, esto es, de hecho, y que no fue oportunamente modificado".
Se señala que la decisión de pasar de un censo de hecho a uno de derecho se concretó apenas 6 meses antes, con lo que se "excedió" las reglamentaciones vigentes al concretar esta medida y no se dio el tiempo suficiente a al INE para el reclutamiento de personal ni tampoco para concretar una debida planificación del proceso.
Para el ente contralor con esta decisión se infringieron las normas señaladas en los artículos 3°, 5° y 8° de la ley N° 18.575 "que impone a los órganos de la administración del Estado observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de actuar por propia iniciativa de acuerdo a sus funciones".
"El Censo 2012 fue absolutamente ilegal. De acuerdo a la Contraloría no respetó ninguna de las normas vigentes, no respetó las recomendaciones internacionales sobre la materia, no respetó las comisiones específicas establecidas para orientar el proceso censal, no respetó que el Censo debe decretar un día feriado para su adecuado trabajo de campo de hecho, no respetó el que para poder hacer un cambio hay que recurrir al cumplimiento de una serie de parámetros", reaccionó el diputado DC Ricardo Rincón, quien solicitó el pronunciamiento de la Contraloría.
Hay una irregularidad y una ilegalidad absoluta en el Censo 2012
Dudas por asesorías y vínculos con VOX Comunicaciones
Otro punto del informe de la Contraloría dice relación con la contratación de asesorías comunicacionales para efectos del Censo. El ente contralor pone la mira en Gabriele Lothloz, socia fundadora de VOX Comunicaciones, empresa ligada al ex precandidato presidencial Laurence Golborne.
El informe de la Contraloría señala que la firma habría participado de sesiones del Comité de Comunicaciones creado para el Censo, y actuado como interlocutor entre el INE y el ministerio de Economía en este tipo de materias. A esto se suma que la empresa habría publicado en su página web un total de 18 tuits relacionados con el proceso.
"Lo anterior da cuenta que la empresa Vox Comunicaciones habría participado de actividades comunicacionales relacionadas con el Proyecto Censo, no obstante de no existir vínculo contractual entre el INE y esa empresa, constando sólo la relación con la señora Lothloz", señala el informe.
El error -según el ente contralor- fue que el INE "no cauteló que la difusión fuera realizada sólo por quienes efectivamente fueron contratados para esos fines, lo cual vulnera el principio de control establecido en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575".
Otro caso es el de Maximiliano Raide Prunes, quien "habría participado de actividades propias del instituto, sin que existiera un vínculo contractual con este". Lo anterior -a juicio de la Contraloría- habría vulnerado el principio de control, en particular en la parte que refiere a la cautela de información.
DC evalúa "juicio de cuentas" o requerimiento ante el CDE
Según detalló el diputado Gabriel Silber a T13 la bancada se encuentra estudiando el informe de la Contraloría para definir los pasos a seguir.
Las alternativas son pedir un juicio de cuentas, para que los involucrados asuman las cosas del perjuicio fiscal provocado, o bien solicitar acciones judiciales ante el CDE.
Por su parte el diputado Matías Walker dijo que "nosotros lamentamos el que el pretendido mejor censo de la historia se haya transformado en un censo ilegal, eso daña la fe pública, las estadísticas, las políticas sociales".
Los diputados DC emplazaron a las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera a "asumir sus responsabilidades políticas". "Ellos le deben una explicación al país", remarcó Walker.
Revisa a continuación el informe de la Contraloría.
