Cuando el pasado martes la Cámara de Diputados rechazó el informe de la comisión investigadora Sename II, luego de un año de sesiones e invitados, toda la atención se centró en el rol de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, y la "negligencia inexcusable" que se le acusaba en el informe.

El rol explícito de Blanco en la crisis del Sename, no llena más que 6 páginas, con un total de 82 menciones, de un informe de que alcanza las 535 hojas. 

Y con el ojo público puesto sobre la ex ministra de Justicia y actual integrante del Consejo de Defensa del Estado, quedaron de lado las decenas de conclusiones y análisis exhaustivo que revisa la comisión sobre las distintas irregularidades que se viven al interior de la estructura del servicio de menores y su institucionalidad.

En segundo plano de análisis quedaron las muertes, la falta de capacitación de los encargados de tratar con los menores, las advertencias de Contraloría, y la "cultura de la desprotección" que evidenció el informe.

En T13.cl rescatamos 7 situaciones críticas (más allá del rol de Blanco) que denuncia el informe Sename II: 

1. Número incierto de muertes: "actuar negligente e inexcusable"

Número de muertes, causa, centro de residencia, niños, niñas y adolescentes fallecidos en recintos dependientes del Sename entre 2005 y 2015.

Esos fueron los datos que el diputado René Safirio solicitó en mayo de 2016 a la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco y a la Directora Nacional del Sename, Solange Huerta y que el gobierno entregó dos meses después.

La cifra oficial fue 185 niños, niñas y adolescentes muertos entre 2005-2015

Sin embargo, el número estaba lejos de ser cierto. Poco después, y una vez ya entregada esa cifra oficial,  la entonces ministra de Justicia señaló ante la Comisión Investigadora que no podía entregar una cifra definitiva.

“Yo no puedo dar una cifra que después tenga que entrar a corregir, quiero decir que nosotros hoy día con responsabilidad estamos trabajando para dar esa información”, dijo en ese entonces la ex funcionaria de gobierno.

La comisión concluyó un “actuar negligente e inexcusable de su parte”, por la entrega de información errada de niños fallecidos.

Luego, en octubre del mismo año, Huerta entregó la cifra final de los niños fallecidos bajo la tutela de la institución: 1.313 niños, niñas y adolescentes entre 2005-2015.

El informe de la comisión determinó que “los hechos anteriormente expuestos, son de tal gravedad que deben ser objeto de las investigaciones penales y administrativas que correspondan a fin de determinar las responsabilidades institucionales y personales que en estos hechos le caben a los involucrados".

2. Más reingresos, más listas de espera

El dramático caso de la muerte de Lissette Villa estuvo marcado por su ingreso y egreso de los programas del Sename. La menor llegó el año 2009 a Regacito, luego en 2010 se cambió al hogar San Francisco. En 2011, tras petición de su madre, volvió a su casa en Tiltil y reingresó en 2012 por tres meses al Centro Galvarino. En 2013 entró al Centro María Ayuda de Maipú, y a finales de 2014 retornó al Centro Galvarino donde murió en abril de 2016.

El caso de Lissette se repite cada vez más entre los menores vulnerables. Desde 2013 se ha evidenciado una preocupante tendencia al aumento en los reingresos: Si en 2013 fueron 4.168 niños, en 2015 el número llegó a 5.744.

Según señala el informe, la principal causa de reingreso es que los niños, niñas y adolescentes son víctimas de algún tipo de negligencia.

Listas de espera

Dentro del Sename existen dos tipos de atención a los menores: una es por Organismos Colaboradores del Sename y la otra por programas de administración directa del Sename.

Los programas de los Organismos Colaboradores (OCAS) concentraron en 2015 el 99,07% de los niños atendidos por la institución. Estos mismos organismos, tienen la facultad de poder rechazar las derivaciones de niños por causas judiciales. Lo que ha conllevado a que existan largas listas de espera para los programas de protección. Situación que cada vez empeora.

De acuerdo con el informe de la comisión, entre enero y abril de 2016 un total de 8.628 menores estaban a la espera de ingresar a alguno de los programas administrados por las OCAS. Lo que equivale a un aumento de 2,72% del total de niños en listas de espera en 2015.

Y no solo eso. Los lineamientos técnicos del Sename señalan que los niños y niñas deberían tener un “tiempo de permanencia” de hasta 365 días como máximo en los programas residenciales. Sin embargo, entre los años 2012 y 2015 se ha evidenciado un promedio tres veces más de lo que recomiendan las bases. Y ese número ha ido en aumento sostenido en los últimos 4 años.

3. Inexistente trabajo intersectorial: "cultura de la desprotección"

En mayo de este año se dieron a conocer los constantes maltratos físicos y sicológicos que vivían diariamente los niños, niñas y adolescentes del Hogar “Alihuen” de la Red Coanil. Los trabajadores de la residencia relataban que era habitual y estaban autorizados los “protocolos de contención” por la Dirección. Estos consistían en amarrar boca abajo a una camilla portátil a los internos, lo que podía extenderse hasta por tres horas.

Este es uno de los ejemplos que cita el informe para evidenciar la “la inexistencia de mecanismos y procedimientos formales de coordinación” al interior del Sename, lo que ha conllevado a una mirada aislada de los graves problemas que aquejan a la institución.

“Cada uno de los actores del sistema trabaja enfocado en sus particulares áreas de experticia o simplemente cumpliendo el mínimo legal al que se encuentran obligados”, detalla el informe.

Además constata la “total desconexión” entre los programas residenciales; programas de atención ambulatoria; instituciones públicas y otros. Lo que, en palabras de la comisión, hace que los niños “presenten carencias” en áreas como la salud, la justicia, la reintegración en sus familias y sociedad, y fiscalización a sus condiciones de vida durante su internación.

Con esto, los diputados acusan la existencia de una “cultura de desprotección de derechos” al interior del Sename, de los OCAS y órganos públicos que velan por los derechos de los niños, “que se genera a consecuencia de la inactividad, desidia y total descoordinación entre los actores del sistema”. 

4. Problemas de fiscalización

Una de las conclusiones del informe del Sename, son los graves problemas de fiscalización que existen por parte de la institución, especialmente al interior de los organismos colaboradores.

El informe señala que durante su intervención ante la comisión, la directora nacional, Solange Huerta, señaló que la ley solo permite terminar de forma anticipada los convenios con organismos colaboradores en caso de graves anomalías o constatación de vulneración a los derechos de los niños, con una resolución judicial.

Sin embargo, la comisión señala que la directora nacional “no hizo alusión a las pautas mínimas de fiscalización y supervigilancia establecidas en las normas generales que rigen a la administración pública”.

Para la comisión no son suficientes las declaraciones de Huerta y agrega que “las autoridades del servicio (así como el ministerio de Justicia) desconocen que el Estado de Chile desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niños hace más de 20 años, está obligado a tomar ‘todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del niño y para protegerlos de toda forma de maltrato’”.

“No es efectivo lo afirmado por la directora en torno a carecer de instrumentos legales para ejercer de manera activa, eficaz y oportuna los deberes de supervigilancia de los programas institucionales”, finaliza.

5. Ineficacia legislativa

El informe señala que desde que la Presidenta Bachelet llegó a su segundo gobierno en 2014 ha “comprometido, patrocinado e impulsado” varios proyectos enfocados en la protección de la infancia.

Sin embargo, de las 11 iniciativas legales impulsadas, a la fecha solo uno es ley, tres se encuentran en segundo trámite constitucional, en dos “no ha existido movimiento alguno” y uno lleva más de cuatro años en la misma Comisión “sin avance concreto alguno”.

6. Disminución de los presupuestos 

En el apartado de presupuesto, la comisión realizó un análisis del presupuesto real del Sename 2016, el que contempla en la ley de presupuestos para el sector público, y los antecedentes históricos.

De allí se destaca que el presupuesto del Sename para el 2017 fue de $279.743.233, significando un aumento del 6,3% a nivel general. Sin embargo, se trata del incremento más bajo desde 2015, cuando el monto global se aumentó en un 15,1%, mientras que en 2016 fue de 7,1%.

En relación al presupuesto 2017, el informe hace hincapié en las marcadas diferencias que existen entre los recursos que solicita el Sename para 2017 y lo que les fue entregado por la ley de presupuesto: lo que se traduce en $4.904 millones menos de lo requerido. 

“Resulta inexplicable, que, pese a la existencia de consenso político, académico y de organizaciones de la sociedad civil, el Ejecutivo haya persistido en no entregar mayores recursos al Sename a fin de dar solución a los graves problemas de falta de profesionales y personal técnico y administrativo calificado de los cuales históricamente ha adolecido la Institución; así como a las deficiencias de infraestructura; fiscalización; salud; software etc. que enfrenta el sistema en su conjunto”, señala.

Capacitación

Otro de los puntos que señala el informe en este punto, es la disminución de 80% en los montos que fueron destinados a la capacitación y perfeccionamiento, “aspectos claves para la supervigilancia técnica y financiera de los programas administrados por las OCAS”.  

Según la investigación de la comisión, se pudo determinar que actualmente existen en el país 102 supervisores técnicos que tienen la tarea de revisar las carpetas de niños, conversar con ellos, realizar evaluaciones, etc. En la región Metropolitana, por ejemplo, existen 305 proyectos a supervisar por 25 supervisores técnicos.  Es decir, cada uno tiene un promedio de 13 proyectos.

A eso, se suma la existencia de proyectos que no han recibido ningún tipo de supervisión económica en los últimos tres años.  De los 2.684 que informó el Sename, 338 no han sido supervisados en ese periodo, 224 han recibido supervisión una vez en los últimos tres años y 198 dos veces en el mismo periodo de tiempo.

“Lo anteriormente expuesto, demuestra en conclusión de esta comisión la indolencia en el cuidado y buen uso de los recursos públicos asignados a la Institución, cuestión que está a la base de las graves deficiencias institucionales que esta Comisión pudo latamente comprobar durante su investigación”, señala.

"Fondos empozados"

Pese a que no entrega cifras concretas, la comisión da cuenta de la existencia de los “fondos empozados”, en referencia a montos que han sido entregados pero que se mantienen sin movimiento en las cuentas corrientes de los proyectos.

En las palabras de Huerta a la comisión, esto se debe a que dichos montos “no tienen un destino comprometido porque los proyectos no han informado en qué se van a utilizar estos fondos, y, dos, tienen un destino comprometido que todavía no se ejecuta”.

Sin embargo, a opinión de la comisión, los argumentos de la directora nacional del Sename para justificar la existencia de "fondos empozados" "no es correcta y concluye que el Sename y su directora nacional “han faltado a su deber fiscalizador”. 

7. Advertencias desde Contraloría

“Tanto el Ministerio de Justicia como las autoridades del Sename fueron advertidos por la Contraloría General de la República (CGR), y por lo tanto, tenían conocimiento de los graves incumplimientos por parte de esta institución”.

Esa es una de las conclusiones a las que llega la comisión sobre los “numerosos” informes de auditoría que ha emitido entre 2014 y 2016 la CGR de las “falencias institucionales, infraestructura, supervisión, administración financiera entre otros, y que adicionalmente da cuenta de situaciones de arrastre histórico que siguen repitiéndose sin solución alguna”.  

Entre los casos citados por la comisión, se encuentra el seguimiento a un OCAS de la Región de Atacama  donde se evidenciaron “deficiencias en la evaluación de los menores y en los planes de intervención individual, falta de idoneidad académica de los educadores de trato directo, fallas en el inventario de bienes, falta y deficiente ubicación de extintores y bloqueos d vías de escape”.

El informe agrega que “a la fecha no existe ninguna política administrativa interna que permita avizorar que en el corto o mediano plazo estas situaciones no volverán a repetirse”. 

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El rol de Justicia (y Blanco) en la crisis

A modo de cierre, el informe realiza un detalle de las responsabilidades de las autoridades y organismos estatales en la crisis histórica del Sename. Allí, señala que la misión específica de cuidar a los niños, niñas y adolescentes le corresponde al ministerio de Justicia y al Sename, “en lo que fracasó, y en la que ambos servicios comparten responsabilidades”.

Y agrega que fueron “quienes se encontraban a la cabeza de las distintas carteras de Justicia contaban con las herramientas para impedir muchas de las desgracias que hemos tenido que lamentar en la última década, y no parecen suficientes las excusas de deficiencias estructurales históricas”.

Y en ese sentido, apunta a las responsabilidades a los ex ministros José Antonio Gómez y Javiera Blanco. Eso sí, “cada uno con sus matices y gradualidades”.

A Gómez lo señala por “desestimar las propuestas de la Comisión Investigadora Sename I”, que se despachó en 2014 y que puso en conocimiento una serie de muertes al interior de la institución.  

 A Blanco, en tanto, se le apunta por sus “reacciones respecto de los trágicos hechos que ocurrieron bajo su dirección ministerial, frente a los cuales era exigible un estándar más elevado de diligencia, conforme a la gravedad de lo acontecido”.

En este punto describe como “negligente e inexcusable” la gestión ministerial de Blanco y agrega que “las fallas bajo su administración, que fueron de conocimiento y escrutinio público, contribuyeron lamentablemente a agravar la crisis histórica del Sename”.

El informe va más allá e involucra el histórico enfoque político que ha tenido el Sector de Justicia. De acuerdo al informe, durante la era de Blanco se recrudeció “la supresión de la meritocracia y la repartición de cargos públicos según la militancia política”.

Y agrega que esta situación podría "constituir una transgresión al principio de probidad, en tanto guardaron un silencio cómplice y en gran medida consintieron con esta política del ’cuoteo’ para resguardar los equilibrios de la coalición gobernante".

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